La Patrulla Fronteriza (Border Patrol) dijo este jueves que tiene bajo custodia unos 4,900 Menores No Acompañados (UAC) que fueron detenidos en la frontera con México y que llegan a Estados Unidos en busca de asilo o para reunificarse con familiares.
Durante una conferencia telefónica organizada por la Casa Blanca, la agencia agregó que se buscan instalaciones con licencia para “poder atenderlos y procesarlos” de manera segura y humana de acuerdo con los lineamientos dictados por el gobierno en enero, tras la toma de posesión de Joe Biden.
La Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), bajo cuyo mando opera la Patrulla Fronteriza, dijo que parte de los problemas que se han visto en la frontera en las últimas semanas se deben a que “heredamos políticas que insuficientes”, pero “estamos tratando de crear un sistema que sea humano” al tiempo que “estamos asegurando la frontera”, dijo Liz Clavel, comisionada de personal de la agencia.
La funcionaria recalcó además que “la frontera está cerrada” y que solo se están procesando los casos de UAC y unidades familiares que México no tiene la capacidad de procesar bajo el Título 42 del Código de Estados Unidos, activado el año pasado por la pandemia del coronavirus.
Tanto la Casa Blanca como la CBP dijeron que desde febrero están trabajando en la búsqueda y habilitación de centros de procesamiento que reúnan las condiciones adecuadas para procesar a los UAC.
Tras la reversión en enero de varias políticas migratorias implementadas durante el gobierno de Donald Trump en los últimos cuatro años, han vuelto a cobrar vigencia el Acuerdo Judicial Flores de 1997 y la Ley TVPRA de 2008, que norman la manera en que el gobierno debe procesar a niños migrantes.
Entre las regulaciones, ambas medidas exigen que los niños no deben permanecer más de 72 horas privados de libertad, deben estar en lugares apropiados, se les deben respetar sus derechos, brindarles atención médica, garantizar que naveguen apropiadamente dentro del debido proceso y procurar que estén junto a familiares.
“Se ha hecho bastante progreso en eso”, dijo Clavel. Sin embargo, la funcionaria reconoció que la CBP “no tiene ni las facilidades ni el entrenamiento adecuados para cuidar a esos niños y darles la seguridad que necesitan”.
A pesar de las dificultades heredadas, dijo “lo que se busca es que los UAC estén en un lugar bajo un cuidado humano y seguro”.
También señaló que la agencia, al no saber que les puede ofrecer todas las garantías exigidas tanto por el Acuerdo Flores como por la Ley TVPRA, “los queremos enviar lo más pronto posible al cuidado del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS)”.
En cuanto a la prevención del covid-19, Clavel dijo que la Patrulla Fronteriza “se han implementado nuevos protocolos” para evitar contagios y la propagación del coronavirus entre la población inmigrante detenida bajo la custodia del gobierno.
Indicó que por ejemplo, en el centro de detención ubicado en Dallas (Texas), se ofrece asistencia médica a niños que lo necesitan, “principalmente por covid”.
Dijo que las autoridades trabajan para ampliar el número de camas disponibles, al tiempo de aumentar la seguridad en los centros y proporcionarles “medicinas, acceso a trabajadores sociales y salud mental”, tal como lo estipulan los reglamentos vigentes.
En cuanto a las reunificaciones familiares, indicó que “están siendo expeditas” aceptándolas “siempre y cuando sean de una manera segura”.
A mediados de marzo la Casa Blanca anunció que, como parte de las nuevas políticas para el tratamiento de UAC, permitiría que padres indocumentados los reclamaran sin el temor de ser detenidos y deportados por las autoridades migratorias.
“No tengan miedo” de reclamarlos para de esa forma entregárselos y garantizar su bienestar mientras continúan con sus procesos migratorios, aseguró la Administración.
Los nuevos datos sobre el número de niños detenidos, la búsqueda y habilitación de nuevos centros de procesamiento y la reiteración de que la frontera permanece cerrada para inmigrantes adultos y unidades familiares fueron dados a conocer dos días después de una reunión celebrada en México entre delegados de la Casa Blanca y funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Ambas delegaciones revisaron la situación de la frontera entre ambos países y trazaron lineamientos para controlar la inmigración irregular que proviene principalmente de los países del denominado Triángulo Norte ( El Salvador, Guatemala y Honduras).
La comisión presidencial estadounidense la encabezó la embajadora Roberta Jacobson, coordinadora de la Casa Blanca para la frontera sur, y Juan González, encargado de los asuntos latinoamericanos en el Consejo de Seguridad Nacional (NSC).
La cancillería mexicana dijo en su cuenta de la red social Twitter que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad, y la embajadora Jacobson “sostuvieron una reunión de trabajo para impulsar mecanismos de cooperación que promuevan una migración ordenada, segura y regular en la región”.
Con información de Univision.
