NUEVA YORK — El contador del presidente Donald Trump deberá entregar las declaraciones de impuestos del mandatario a un fiscal del estado de Nueva York, falló el miércoles un tribunal federal de apelaciones.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Manhattan, sin embargo, ratificó la pausa aprobada por una corte de menor instancia para que los abogados de Trump puedan apelar ante la Corte Suprema del país.
En agosto, un juez federal de distrito rechazó el pedido de los abogados del mandatario de anular la orden de la fiscalía de Manhattan dirigida a la firma de contabilidad que maneja las finanzas de Trump.
La fiscalía de Manhattan, bajo el mando de Cyrus Vance Jr., inició una investigación a raíz de pagos realizados por Trump a dos mujeres —la actriz pornográfica Stormy Daniels y la modelo de Playboy Karen McDougal— a cambio de que durante la campaña no revelaran que tuvieron relaciones con Trump. El ahora presidente niega que haya tenido esos amoríos.
Vance ha pedido ocho años de declaraciones de impuestos, tanto personales como corporativos, de Trump, pero no ha explicado cabalmente la razón de su pedido. En un documento judicial reciente, el equipo de Vance justificó el pedido a raíz de reportes de “conducta criminal extensa y prolongada por parte de la Trump Organization”.
Un vocero del Departamento de Justicia declaró que esa instancia está evaluando el fallo.
En julio, la Corte Suprema falló por siete votos a favor y dos en contra en contra del mandatario, rechazando los argumentos de Trump de que no se le puede investigar y mucho menos acusar penalmente porque él es el presidente. Sin embargo, el tribunal admitió que él puede resistir la citación de la fiscalía al igual que cualquier otro ciudadano.
El tribunal tiene ahora sólo ocho miembros debido al fallecimiento de la jueza Ruth Bader Ginsburg.
Es posible que el asunto no quede dirimido antes de las elecciones de noviembre.
Por vía de sus abogados, Trump argumentó que el pedido se está haciendo de mala fe, que se debe a razones políticas y que constituye un acoso contra su persona, esgrimiendo como prueba que el lenguaje de la citación judicial se parece al de las citaciones emitidas por el Congreso.
En su decisión, el tribunal del 2do Circuito rechazó todos esos argumentos.
“Sostenemos que ninguna de las aseveraciones del presidente, ya sea separadas o en conjunto, son suficientes para justificar el argumento de que la citación fue emitida ‘con malicia o con la intención de acoso’”, falló el tribunal.
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