El gobierno de México está haciendo criticado por la oposición desde que un juez condenó al periodista, académico y colaborador de Reforma, Sergio Aguayo, a pagar 10 millones de pesos por daño moral al exgobernador de Coahuila y exlíder del PRI, Humberto Moreira.
Ahora, los ojos tienen fija la mirada en la «libertad de expresión» de México, incluyendo a ciertas organizaciones internacionales que rechazan esta sentencia.
La Constitución de México, promulgada el 5 de febrero de 1917, es la más antigua de América Latina y establece que la
«Libertad de expresión» en su artículo número seis «es la manifestación de las ideas y no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, a menos que atente contra la moral, vida privada o provoque la muerte».
Mientras que en el apartado número siete rezan que es «inviolable la libertad de difundir opiniones, informaciones e ideas, a través de cualquier miedo».
Más adelante se lee que «No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares».
¿Qué realmente sucedió con Aguayo? Este caso no es reciente. Remonta desde el 2016.
El académico con más de 40 años de trayectoria, usó su columna del diario mexicano Reforma para denunciar la corrupción por parte del exgobernador de Coahuila (2005-2011), Humberto Moreira.
En su columna, el catedrático, aseguró que «Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana».
De acuerdo a El País, Aguayo denunció la «pasividad» de las autoridades mexicanas ante la lucha de la impunidad y la falta de autoridad en cuanto a la corrupción que embargaba en ese estado.
Lo cierto es que, Moreira fue arrestado en Madrid, España por delitos relacionados a blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y cohecho.
El partido del actual presidente, AMLO, Morena está preparando una reforma penal, cuyo objetivo principal será endurecer las penas por calumnia y difamación. La semana pasada se filtró el documento que, según, está firmado por la Fiscalía General de la República (FGR).
De hecho, la versión final del documento se conocerá en febrero de este año.
Leopoldo Maldonado, abogado de la organización en defensa de los derechos humanos Artículo 19, se mostró preocupado por esta reforma.
«Nos preocupa una reforma en la que impera la restricción de derechos. En algunos casos, se recuperan incluso delitos del ordenamiento de 1917, como perseguir por alteración de la paz y el orden público a quien ridiculice a las intuiciones del país».
¿Y cuál es la opinión de AMLO sobre esto? Cada mañana, el Presidente se toma el tiempo de hablar sobre su agenda del día, sus quejas sobre la oposición en «Las Mañaneras».
Y la semana pasada, la columnista y politóloga Denise Dresser le preguntó sobre esta reforma y su respuesta fue: «no va a censurar a nadie, a diferencia de los conservadores, cuya doctrina es la hipocresía».
Esta es una posición que muchos periodistas critican en México, de hecho, la misma Dresser contestó: «Podríamos decir lo mismo de miembros de su gabinete que difaman a periodistas en Twitter».
El magistrado que condenó al periodista Aguayo, Francisco José Huber Olea, defendió su decisión de imponerle al académico pagar la cantidad de 10 millones de pesos al ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés.
En una carta enviada al director general de SDPnoticias, Federico Arreola Castillo, Huber Olea aseguró que
«Es mi deber dejar mis convicciones y aplicar la ley» y aprovechó la oportunidad para declararse un demócrata por convicción.
En la misma carta, el magistrado expresó que la «libertad de expresión debe ser absoluta», pero que en su labor como «juzgador» debe dejar de lado sus creencias personales y aplicar la ley al pie de la letra.
«Me constreñí a aplicar la ley conforme a mi saber y capacidad», recalcó. El juez también se refirió a las opiniones expresadas por el gremio periodístico de México y organizaciones internacionales.
«Si me equivoqué, espero me lo hagan saber otras instancias judiciales; lo aceptaré como es mi obligación y usaré los criterios que se establezcan en futuras ocasiones», sentenció en la carta.
Es de recordar que en el 2019, el caso fue resuelto a favor del periodista, sin embargo, Humber Olea revocó dicha sentencia y la balanza giró a favor de Moreira.
Moreira entró a prisión por petición de Estados Unidos en el 2016. Investigadores relacionados al caso, anunciaron que las autoridades estadounidenses estaban investigando sobre una red blanqueo en Coahuila, un estado frontera de Texas.
Para aquel momento, Moreira se dirigía a Barcelona, le tocó hacer una parada en Madrid y ahí lo arrestaron.
Sin embargo, antes de ser arrestado, en el 2012 un escándalo lo salpicó:
Después de terminar su mandato lo señalaron de estar envuelto en un endeudamiento masivo, por esta razón renunció a la presidencia de PRI, uno de los partidos más importantes en México.
Además, es importante mencionar también que durante su administración en Coahuila aumentó el crimen organizado en la región.
La entidad se convirtió en la capital del cártel de Los Zetas, la organización delictiva está conformado en su mayoría por militares retirados.
Una semana de entrar en prisión lo liberaron, en febrero de 2016, en su regresó a México afirmó «que se hicieron escuchas telefónicas mucho tiempo y no encontraron absolutamente nada».
Las letras son mi oxígeno y el periodismo mi mecanismo de defensa.
