Una polémica política conocida como la “regla de la carga pública” entró en vigencia este lunes 24 de febrero en Estados Unidos. Esta nueva ley limita que se les apruebe la residencia temporal a inmigrantes que hayan recibido algún tipo de ayuda social por parte del gobierno estadounidense.
Esta regla es impulsada por Donald Trump con la finalidad de disminuir “los vacíos” en los procesos migratorios y su énfasis de que los inmigrantes no deben ser una “carga” para el país.
Punto negativo para los inmigrantes
Uno de los parámetros que se tomarán en cuenta para negar la solicitud de residencia temporal a los inmigrantes es cuánta ayuda gubernamental han recibido para mantenerse. Esta medida no afecta de ninguna manera a aquellas personas que ya tienen su greencard o están naturalizados.
La mesura representa un obstáculo más para aquellos extranjeros que desean forjar raíces en suelo americano. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, conocido como USCIS por sus siglas en inglés, aplicará la regla en todo el país sin excepción.
Te puede interesar:
En primera instancia, la ley no se aplicaría en el estado de Illinois, pero ahora sí hará valer luego de que entrara en vigencia un fallo de una corte que dejó sin efecto lo que se había establecido con antelación.
Dicha regla fue publicada en el mes de agosto de 2019, sin embargo, el proceso fue retrasado por los tribunales federales. Aquellas personas que hicieron su solicitud de residencia temporal antes del 24 de febrero, quedarán exentas de la nueva ley.
El documento expresa que el USCIS será el departamento que se encargará de tomar la decisión si el inmigrante no pueda obtener la residencia temporal por la “probabilidad de que dicho extranjero se convierta en una carga pública en algún momento futuro, de acuerdo con la sección 212(a)(4) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad”.
¿Qué beneficios públicos serán tomados en cuenta?
De acuerdo al USCIS son varios los beneficios que se tomarán en cuenta en este caso. A continuación, nombraremos las más relevantes.
- Asistencia financiera en efectivo: En inglés es cash assistance, lo que significa que si alguna entidad federal, estatal o local entregó alguna ayuda para el mantenimiento del inmigrante, este ya tiene un punto negativo al momento de solicitar su residencia temporal.
- Supplemental Security Income (SSI): Este beneficio está dirigido a personas mayores de 65 años, ciegas y discapacitadas, brinda asistencia en efectivo.
- Asistencia temporal para familias necesitadas (TANF): Este programa tiene el objetivo de fomentar la seguridad financiera de las familias de escasos recursos.
- Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria (SNAP, mejor conocidos como los «Food Stamps»).
- Programa de la Sección 8 de Vales para el Alquiler de Viviendas.
- El Medicaid financiado por el gobierno federal, sin embargo, esta regla tiene algunas excepciones, tal como las contempla USCIS.
De acuerdo a USCIS, salvo algunas excepciones, los inmigrantes que tienen visa no son elegibles para ninguno de estos programas sociales.
Algunos expertos consultados por Univisión, sugieren que esta regla podría reducir la inmigración legal basada en lazos familiares, más que todo los proveniente de países como México y naciones de Centroamérica.
Otras organizaciones como National Immigration Law Center (NILC) alegaron que esto es “un duro golpe” para toda la comunidad de inmigrantes. Sin embargo, aseguraron que no “tendrían miedo” y que era el momento de lanzar un plan para comenzar con los trámite de residencia y así “convertirse en ciudadanos de Estados Unidos”.
Previo a la campaña
La noticia de la “regla de la carga pública” llega justo antes de que inicie la campaña para las próximas elecciones presidenciales de Trump. En distintos meetings la inmigración es un tema contundente y una de sus promesas desde el 2016.
El Presidente usa regularmente su Twitter para dar cifras de los «millones» de dólares que los inmigrantes le “quitan” a la nación.
Te puede interesar:
En diciembre de 2018 posteó que 11. 300,000 inmigrantes ilegales les generan una factura a los contribuyentes que asciende $ 200 mil millones al año.
Asimismo, en enero de 2019 lanzó otro tweet refiriéndose al costo de la inmigración ilegal. “Ni siquiera estamos en febrero y el costo de la inmigración ilegal en lo que va del año es de $ 18. 959, 495,168. El costo del viernes fue de $ 603. 331,392. Hay al menos 25. 772,342 extranjeros ilegales, no los 11. 000,000 que han sido reportados durante años, en nuestro país. ¡Tan ridículo!”.
De hecho, expertos aseguran que es difícil calcular el neto del costo real de la inmigración ilegal. Randy Capps, director de investigación de programas estadounidenses en el Instituto de Política Migratoria, le dijo a NBC News que la cifra de $ 200 mil millones le parecía poco creíble.
Por otra parte, un estudio publicado el 2017 por el Instituto de Política Migratoria dio a conocer que los inmigrantes indocumentados influyeron considerablemente en los impuestos estatales y locales.
¿Qué dicen los críticos?
Casi dos tercios de los migrantes que clasificaron para la aprobación de la residencia temporal entre el año 2012 y 2016, no lo hubiesen podido hacer si esta regla hubiera estado vigente en aquel momento, de acuerdo a un análisis de Instituto de Política de Migración con sede en Washington.
Incluso, según las estadísticas, un total de 4.6 millones de migrantes se benefician de las ayudas sociales que proporciona el gobierno estadounidense. Esta misma cantidad de personas está en riesgo de no poder obtener su “green-card”.
Este número representa al 23 % de la población de no ciudadanos americanos. De acuerdo a las cifras del gobierno un total 544,000 personas solicitan la residencia temporal al año y con esta nueva ley 382,000 estarán sometidas a la rigurosa revisión.
Los demócratas se han convertido en los principales críticos de las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump y han condenado el cambio, al igual que las organizaciones que velan por los derechos civiles.
Alegan que los beneficios sociales están dirigidos a la población vulnerable, en especial a los ancianos, niños y madres. El Centro Nacional de Leyes de Inmigración sentenció, según BBC, que esta medida como una “regulación moralmente repugnante y legalmente dudosa”.
En este sentido, la organización apunta a que en la actualidad hay millones de migrantes que están recibiendo estos beneficios y que esto les puede costar el no obtener la residencia temporal.
Los demócratas advierten que existe una probabilidad de que los inmigrantes de bajo recurso sean deportados.
Posición de la White House
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, calificó la medida como “positiva” después de que el Tribunal Supremo levantará este viernes la regla que impedía que la ley entrará en vigencia.
“Esta regla protegerá a los contribuyentes estadounidenses que trabajan arduamente, salvaguardará los programas de bienestar para los estadounidenses realmente necesitados, reducirá el déficit federal y restablecerá el principio legal fundamental de que los recién llegados a nuestra sociedad deben ser financieramente autosuficientes y no depender de la generosidad de los contribuyentes estadounidenses”.
Ken Cuccinelli, quien ejerce como subsecretario interino de Seguridad Nacional, declaró que el Presidente tenía la intención de que la “autosuficiencia vuelva a ser importante”.
“Es simplemente una vieja lógica: ¿qué país quiere traer problemas de bienestar a su sociedad? No queremos hacer eso”, comunicó a Fox News.
Desde que Donald Trump llegó a la presidencia la inmigración ha desacelerado. En el último período presidencial de Barack Obama el techo de refugiados era de 110.000 y en la era Trump es de 18.000.
