El periodismo nunca se lleva bien con un gobierno. Esa no es su función sino registrar la realidad. Cuando se descubre un hecho se convierte en verdad, algo que al poder no le gusta hasta el punto de censurar.
En Venezuela sucede. Al menos esto puede interpretarse tomando como fuente un estudio publicado en agosto de 2018 por IPYS Venezuela, Venezuela Inteligente y el Observatorio Abierto de Interferencia Red (OONI), tres organizaciones no gubernamentales.
La investigación examina la censura de internet en el país sudamericano de los últimos cuatro años. El informe brinda información sobre los aspectos políticos y legales con respecto a la censura y la libertad de expresión, como indican en la introducción.
Desde 2014 se denunciaron casos de bloqueos a sitios web. IPYS y Venezuela Inteligente reunieron durante 2015 y 2016 portales que fueron «sistemáticamente bloqueados».
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Las páginas del mercado paralelo del dólar alcanzaron un 44%, mientras los medios de comunicación abarcaron un 19% de bloqueos. Les siguen los blogs críticos al chavismo con un 12%, luego las herramientas de comunicación personal con un 5% y contenidos gore un 2%.
Por otro lado, Movistar, proveedor de internet, bloqueó en ese entonces 35 dominios relacionados con tasas informales, blogs de crítica al chavismo, servicios de alojamiento, colaboración, herramientas o acortadores, y medios digitales.
Contexto socio político
Debido a la lucha por el poder entre el gobierno de Maduro y la oposición política que inició desde los primeros años de mandato por parte del ex presidente Hugo Chávez, Venezuela atraviesa una hiperinflación.
Entre enero y julio de 2018, informes sobre la crisis del transporte, cortes de energía, gas, agua, publicados por el Observatorio de Conflictos Sociales (OVCS) y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), indicaron que el conflicto afecta la calidad de vida de los venezolanos y su capacidad para ejercer sus derechos básicos.
La ciudadanía se ha expresado al respecto mediante la protesta. 2014 fue un año significativo. El líder del partido disidente Voluntad Popular, Leopoldo López, anunció en febrero que se emprendería una campaña llamada La Salida.
Se buscaba la renuncia de Maduro, quien recién había ganado las elecciones presidenciales después del fallecimiento de Chávez.
A partir de ese entonces Venezuela experimentó una ola de protestas con el objetivo de alcanzar unas elecciones generales y un cambio de modelo político y económico.
Protestas
La manifestación ciudadana no se hizo esperar, dejando un saldo de 43 fallecidos abarcados por oficialistas, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y opositores, 486 heridos 1854 detenidos según un informe de la Fiscalía General de la República. El Foro Penal Venezolano registró 33 casos de tortura.
El costo político fue el encarcelamiento de Leopoldo López y otros líderes disidentes, declaratoria de estado de excepción, bloqueo de la señal de medios de noticias, arresto y deportación de corresponsales, así como el aumento del aparato represor del Estado.
En 2017 surgieron otras protestas como resultado del agravamiento de la economía. Esta vez murieron 165 personas.
Las redes sociales y medios alternativos se encargaron de registrar los acontecimientos a pesar de que el gobierno de Maduro aumentara la represión y la censura.
El descontento social se ha manifestado de manera pública este año. Después de que el diputado Juan Guaidó, se convirtió en el presidente encargado del país, afirmando que seguía a cabalidad un artículo de la Constitución. Más de 50 países lo respaldaron.
A principios de 2019 surgieron las protestas. La coacción del Estado actuó, también cuando se intentó ingresar medicinas y material quirúrgico a Venezuela a través de Colombia. Un camión que los transportaba fue quemado.
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Estos y otros sucesos fueron apaciguados mediante la instalación de una mesa de diálogo en Noruega, desesperanzado a los habitantes de Venezuela A pesar de todo, esto no significa que la censura haya terminado.
Medios bloqueados
Datos presentados por IPYS indican que en 2017 y 2018 aumentaron los casos de bloqueos a medios. 32% fue el resultado, los sitios web de mercado paralelo del dólar sigue liderando el ranking con un 36%.
Más de la mitad de se dirigían a la audiencia nacional mientras que las internacionales abarcan solamente un 24%.
La empresa administrada por el Estado a través de Conatel (La Comisión Nacional de Telecomunicaciones) censuró a 7 sitios web durante 2017 y 2018.
Venezuela Inteligente informó que tres emisoras de transmisión en línea Vivoplay, VPI y Capitolio TV (el sitio ya no funciona) fueron bloqueados. ¿La razón? transmitieron las protestas callejeras.
Lo mismo sucedió con NTN24, CNN en Español, entre otros.
En 2018, sitios web periodísticos como El Pitazo, El Nacional, Maduradas y La Patilla padecieron de una restricción «sin una orden judicial, violando el debido proceso».
En 2019, luego del streaming del Live Aid, un concierto que agrupó a cantantes de Hispanoamérica con el fin de recaudar 100 millones de dólares, canales como Antena3 y National Geographic a las horas fueron sacados del aire. Meses después volvieron al aire. BBC World, a pesar de no transmitir el evento, su señal no llega al país.
Hypertexto ha intentado ingresar a El Universal, Efecto Cocuyo y Diario 2001 pero el acceso es intermitente.
«Los medios de comunicación fueron bloqueados por manipulación de DNS y bloqueo HTTP, principalmente por CANTV, Movistar, Movilnet y Digitel», indica el informe.
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Violación de derechos humanos
Todos los sitios web disidentes mencionados se han encargado de denunciar de una u otra manera, casos de corrupción, brutalidad oficial, fraude electoral y otros acontecimientos que contradicen la versión oficialista.
«Las libertades democráticas se han deteriorado en Venezuela. El gobierno ha sido caracterizado como un régimen autoritario, cerrando espacios para discusiones públicas y libre expresión, mientras Las violaciones sistemáticas de los derechos humanos se han intensificado», reza la publicación de las ONGs.
Marianne Díaz es activista y preside otra organización: Acceso libre. Se ha encargado de investigar en materia de derechos digitales.
En una entrevista para Prodavinci, la abogada dijo que es urgente crear e implementar una ley de protección de datos personales.
«El manejo de bases de datos contentivas de información personal de los ciudadanos venezolanos ha sido utilizado como una herramienta de control político durante demasiado tiempo, y es perentorio devolver a los ciudadanos el control».
En cuanto al periodismo, como dijo a Hypertexto, Omar Lugo, editor de El Estímulo, un medio que no aparece en la investigación de IPYS, Venezuela Inteligente y el OONI, se están resolviendo problemas técnicos y actualizando la plataforma constantemente.
El panorama se rige entre la censura y el chequeo de información falsa. Una tendencia que es producto de rumores causantes de la desconfianza hacia el periodismo. Razón por la que el gobierno venezolano cuenta con argumento alguno.
Los mass media se encargan de denunciar con la finalidad de encontrar soluciones a los problemas que aquejan a un país. La única manera de demostrarlo es con razones y pruebas. Es decir, la verdad.
Nota: se trató de contactar a periodistas de diferentes medios y expertos del tema para que compartieran sus puntos de vista pero hasta ahora, no han respondido.
