¿El Senado aprobará la reforma policial?

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Los legisladores de la Cámara de Representantes aprobaron el pasado marzo la Ley de Justicia en la Policía de George Floyd, un proyecto de reforma que prohibiría los estrangulamientos y alteraría la llamada inmunidad calificada para las fuerzas del orden, lo que facilitaría la persecución de las denuncias de mala conducta policial.

La legislación de amplio alcance también prohibiría las órdenes de arresto en ciertos casos, exigiría la recopilación de datos sobre encuentros policiales y redirigiría la financiación a programas policiales comunitarios.

«Nunca más una persona desarmada debe ser asesinada o maltratada por alguien que se supone debe servirla y protegerla», dijo la representante Karen Bass, demócrata de California, en un comunicado. 

«El mundo nunca más debería estar sujeto a presenciar lo que le sucedió a George Floyd en las calles de Minnesota».

La representante demócrata Ilhan Omar de Minnesota indicó que Minneapolis todavía está «traumatizada» por la muerte de Floyd. «Una y otra vez hemos sido testigos de cómo las personas que han jurado proteger a nuestras comunidades abusan de su poder», añadió.

El año pasado, la Cámara aprobó una versión similar del proyecto de ley, pero fracasó en el Senado controlado por los republicanos.

 Esta vez, los demócratas del Senado tendrían que convencer al menos a 10 miembros republicanos para que se apruebe el proyecto de ley.

Los republicanos dicen que la legislación va demasiado lejos y evitaría que la policía haga su trabajo de manera efectiva. 

El representante republicano Carlos Giménez de Florida dijo en la Cámara de Representantes que el proyecto de ley «debilitaría y posiblemente destruiría a las fuerzas policiales de nuestra comunidad».

La administración Biden emitió un comunicado instando a la Cámara a votar a favor de la propuesta.

«Para que nuestras comunidades sean seguras, debemos comenzar por reconstruir la confianza entre las fuerzas del orden y las personas a las que se les ha confiado que sirvan y protejan», manifestó Biden.

«No podemos reconstruir esa confianza si no responsabilizamos a los agentes de policía por los abusos de poder, abordamos la mala conducta sistémica y el racismo sistémico en los departamentos de policía».

«Tras la consideración del Senado, espero poder promulgar una ley de reforma policial histórica», añadió Biden.

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El “racismo sistémico” al que se refiere Biden, no solo se debe a la historia de George Floyd sino a diferentes casos.


Un oficial de policía en Virginia fue visto en un video apuntando con un arma a un teniente del Ejército y rociándolo con pimienta durante una parada de tráfico.

Una veterana oficial en Minnesota también disparó a Daunte Wright, un joven de 20 años después de detenerlo.

Y las grabaciones de video mostraron a un oficial de Chicago persiguiendo y disparando contra Adam Toledo, un joven de 13 años, después de que pareció arrojar un arma a un lado mientras obedecía las órdenes de levantar las manos.

En 2012, Ramarley Graham, un joven de 18 años, fue asesinado a tiros en su propia casa por un oficial de policía blanco de la ciudad de Nueva York, Richard Haste. 

Haste y otros oficiales habían seguido a Graham a casa desde una bodega cercana y entraron por la fuerza, y luego dijeron que creían que Graham llevaba un arma. Graham estaba, de hecho, desarmado.

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Los eventos provocaron nuevas protestas y más preguntas sobre por qué las intervenciones policiales se convirtieron en muertes.

Estados activos

Dieciocho días después de que George Floyd fuera asesinado por un oficial de policía de Minneapolis, la Legislatura del estado de Minnesota presentó 48 proyectos de ley en una sesión especial sobre la aplicación de la ley.

El mismo día, el gobernador de Iowa, Kim Reynolds, firmó un nuevo proyecto de ley que restringe los estrangulamientos de la policía, y el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, firmó una serie de reformas policiales, incluida la derogación de una ley, la sección 50-a, que protegía los registros disciplinarios de la policía del escrutinio público.

Más legisladores en todo el país están proponiendo cambios en la forma en que opera la policía.

En las tres semanas posteriores a la muerte de Floyd y las consiguientes protestas a nivel nacional contra la brutalidad policial, 16 legislaturas estatales han debatido los problemas que agitan al país. 

Hasta el martes, las legislaturas habían presentado, enmendado o aprobado 159 proyectos de ley y resoluciones relacionadas con la vigilancia, incluidos los proyectos de ley que se presentaron en ambas cámaras, según una base de datos compilada por la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, una asociación no partidista de legisladores estatales.

Es un movimiento notable, a nivel nacional y en algunos lugares bipartidista, que contradice directamente años de deferencia hacia la policía y sus poderosos sindicatos.

Lo cierto es que las protestas se deben al asesinato por parte de oficiales policiales.

Papel del Senado

La congresista Karen Bass, quien apoya las reformas policiales, ha estado participando en conversaciones informales en curso con algunos republicanos del Senado, incluido Tim Scott de Carolina del Sur, quien dio a conocer su propia legislación de reforma policial en junio de 2020.

Bass tiene la esperanza de que el Senado vote y aprobar el proyecto de ley, y le gustaría que eso sucediera antes del aniversario de la muerte de Floyd.

«Este es un catalizador muy positivo», dijo Bass sobre el veredicto de culpabilidad del oficial que asesinó a George Floyd, Dereck Chauvin

«Tomamos el impulso justo después de que pasó en marzo, las discusiones comenzaron de nuevo», expresó.

La Ley de Justicia en la Policía de George Floyd pretende evitar a la discriminación racial y religiosa, prohíbe los estrangulamientos y las órdenes de requerir a la fuerza letal se use solo como último recurso después de que los oficiales hayan empleado técnicas de desescalada primero, limita la transferencia de grado militar equipos a los organismos encargados de hacer cumplir la ley y facilitaría la responsabilización de los agentes ante los tribunales limitando la denominada inmunidad calificada.

El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara en una votación del partido y se había estancado en el Senado.

Antes del veredicto, la senadora Lindsey Graham de Carolina del Sur, que forma parte del Comité Judicial del Senado, dijo que le «gustaría aceptar» la propuesta de Scott del año pasado.

«Me gustaría retomar la propuesta de Tim Scott el año pasado y ver si podemos llegar a un compromiso o comenzar con una versión demócrata», dijo.

Otra versión de la reforma

La propuesta de Scott es más modesta que la presentada por los demócratas. El proyecto de ley requeriría más informes sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes de policía y órdenes de arresto. 

También proporcionaría subvenciones para que las fuerzas del orden estén equipadas con cámaras corporales y exigiría que los departamentos mantengan y compartan los registros disciplinarios de los agentes.

La legislación se centró en gran medida en la capacitación policial, lo que requería que el Departamento de Justicia desarrollara y proporcionara pautas para reducir la escala de los encuentros policiales. 

Además establecería varias comisiones, incluida una que estudie las condiciones que afectan a los hombres y niños negros y otra que revise las mejores prácticas para los departamentos de policía.

El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, manifestó que el veredicto de culpabilidad en el juicio de Chauvin no significa que se haya resuelto el problema de la mala conducta policial y la brutalidad.

«El Senado continuará trabajando, ese trabajo mientras nos esforzamos por que la trágica muerte de George Floyd no sea en vano. No descansaremos hasta que el Senado apruebe una legislación sólida para poner fin al sesgo sistémico en la aplicación de la ley», dijo Schumer en un discurso en el piso del Senado.

Mientras tanto, Tim Scott, senador por el partido republicano indicó que la propuesta de reforma de la policía podría estar lista en una o dos semanas.

Scott dijo que su propuesta facilitaría que las víctimas de la violencia policial demanden a los departamentos de policía, en lugar de a los agentes de policía.

Y es que los civiles se enfrentan a numerosas barreras legales al tratar de responsabilizar a los departamentos de policía o los municipios por las violaciones de los derechos civiles.

Según el precedente de la Corte Suprema, por lo general deben demostrar que las políticas oficiales o ciertas costumbres eran la «fuerza motriz» detrás de sus lesiones, o que el oficial no había recibido la capacitación adecuada. Los tribunales a menudo desestiman esas afirmaciones citando la ausencia de pruebas.

La doctrina legal, destinada a proteger a los empleados del gobierno de litigios frívolos, se ha convertido en los últimos años en un escudo en miles de demandas que han buscado responsabilizar a los agentes de policía cuando son acusados ​​de uso excesivo de la fuerza.

Los sindicatos de oficiales de policía y alguaciles se han opuesto a los cambios a la inmunidad calificada hechos en la ley de la Cámara.

Por lo tanto, responder si el Senado aprobará la reforma policial parece ser un asunto complicado.

Luis Felipe Hernández

Luis Felipe Hernández

Comunicador por naturaleza y periodista ante la ley.

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