POR: JORGE CANCINO – Univision
Tres años y ocho meses después de haber llegado a la Casa Blanca, el gobierno de Donald Trump ha desarmado la política de asilo sin la autorización del Congreso. Lo ha hecho vía decretos que van desde la fijación de nuevas interpretaciones de programas hasta el cambio de reglamentos para dificultar los procesos.
Para implementar su política migratoria de ‘tolerancia cero’, el mandatario también ha utilizado lagunas existentes en la ley para lograr sus objetivos. Por una parte, le ha restado poderes a los jueces de inmigración para restringir su trabajo y otorgar menos beneficios, pero por otra, ha ampliado los poderes discrecionales de los agentes de inmigración para negar beneficios y acelerar las deportaciones.
La mayoría de las acciones emprendidas desde el 20 de enero de 2017 han sido demandadas en los tribunales de justicia. Unas han sido suspendidas, mientras que otras están vigentes o aguardan la resolución de los jueces.
Pero aquellas que han sido detenidas se encuentran frenadas, no porque el gobierno se niegue a tramitar, sino porque desde el 18 de marzo las fronteras permanecen cerradas a causa de la pandemia del coronavirus.
Estas son las principales medidas adoptadas por el gobierno para modificar el sistema de asilo de Estados Unidos.
2020
Septiembre – Revisión de todos los fallos
El fiscal general, William Barr, ordenó que la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) revise nuevamente el expediente de los casos de asilo otorgados y determine si “los hechos encontrados por el juez de inmigración satisfacen todos los elementos estatutarios del asilo como cuestión de derecho”.
“La orden impactará todos los casos”, dice Armando Olmedo, un abogado de inmigración y coautor del libro ‘Inmigración: las nuevas reglas’. “A partir de ahora todos los asilos que sean otorgados por un juez serán revisados por la Junta”, agregó.
Abogados consultados por Univision Noticias dijeron que la orden apunta a afectar severamente aquellos casos de asilo otorgados a víctimas de violencia doméstica y de pandillas, dos causales que el gobierno cuestiona en el marco de la política migratoria de ‘tolerancia cero’ y asevera que no se enmarcan dentro de las cinco causales estipuladas por el Congreso en la ley de 1980 que corresponden a persecución por motivo de raza, religión, sexo, opinión política o pertenencias a un grupo social en particular.
Septiembre – Solo 15 días para pedir asilo
La Corte de Inmigración publica en el Registro Federal una nueva norma que, de entrar en vigor, reducirá a solo 15 días el plazo para que los inmigrantes presenten el formulario de asilo después de la primera comparecencia ante un juez.
Desde 1980, cuando el Congreso aprobó la Ley de Asilo, el plazo era de un año.
Organizaciones y abogados advirtieron que la norma hará que miles de inmigrantes pierdan sus casos porque no tendrán tiempo para encontrar asistencia legal, argumentar sus expedientes, reunir evidencias y presentar el formulario.
La regla afectará a quienes pidan asilo en la frontera y aquellos cuyos casos están en proceso. La norma no aclara si impactará a aquellos extranjeros que entran legalmente al país y tienen hasta un año para solicitar la protección del gobierno.
Septiembre – Jueza prohíbe llevar niños a hoteles
Una corte de distrito del norte de California dictó que el gobierno de Donald Trump debe dejar de detener a Menores Migrantes No Acompañados (UAC) en hoteles antes de proceder a deportarlos, una práctica activada tras el cierre de la frontera con México por la pandemia del coronavirus.
La jueza Dolly Gee indicó que dictaminaría que el uso de hoteles como espacios de detención “viola un acuerdo de dos décadas que rige el tratamiento de los niños inmigrantes bajo custodia”.
La protección citada por la jueza corresponde al Acuerdo Judicial Flores de 1997.
Septiembre – Pandemia
El procedimiento de llevar a menores de edad a hoteles en la frontera fue implementado por el gobierno tras el cierre de las fronteras decretado el 18 de marzo por la pandemia del coronavirus.
La política fue demandada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). El caso se conoce como P.J.E.S. v. Wolf poco después de implementada.
En National Immigrant Justice Center dice que el gobierno de Trump «ha estado explotando» la pandemia del covid-19 para deportar de manera acelerada y en secreto a casi todos los no ciudadanos, incluidos los solicitantes de asilo y miles de niños.
Entre los niños se encuentran Menores No Acompañados (UAC). Durante los encierros en hoteles, que en algunos casos fueron semanas, los adultos y menores privados de libertad no tuvieron acceso a abogados para que los representaran en sus procesos de asilo, que tampoco fueron procesados conforme lo señala la ley.
El gobierno, además de no cumplir con el Acuerdo Judicial Flores de 1997, violó la ley TVPRA de 2008 que protege a los menores del tráfico humano. La legislación, además, prohíbe la deportación acelerada de niños y exige que sea un juez de inmigración quien resuelva sus futuros en Estados Unidos, todo ello dentro del debido proceso migratorio.
Agosto – Las Américas v. Trump
En agosto la Corte Federal de Distrito de Oregon permitió que la demanda conocida como Las Americas v. Trump siga adelante. La demanda, presentada en diciembre de 2019, acusa al gobierno de violar la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) y la Cláusula de Cuidado de la Constitución de Estados Unidos.
Los demandantes, todos ellos proveedores de servicios tal como Las Américas Immigrant Advocacy Center, Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP), Catholic Legal Immigration Network, Inc. (CLINIC), Southern Poverty Law Center (SPLC), Innovation Law Lab y Santa Fe Dreamers Project (SFDP) ), con elñ apoyo de las firma de abogados Perkins Coie LLP, alegan que la Administración Trump no ha logrado establecer un tribunal de inmigración imparcial como lo exige la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) y la Cláusula de Cuidado de la Constitución de los Estados Unidos, convirtiéndolos en armas de una maquinaria de deportación contra los solicitantes de asilo y otras personas no ciudadanos.
También piden al tribunal que ponga fin al uso ilegal de los tribunales para efectuar deportaciones masivas en lugar de decisiones justas.
Julio – Nueva regla de asilo
A comienzos de julio el gobierno anunció la publicación de una nueva regla que endurece los requisitos para pedir asilo y otorga mayores poderes a los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y de Justicia (DOJ) para “considerar emergencias públicas” y determinar si un extranjero constituye “un peligro para la seguridad de Estados Unidos” y por lo tanto no es elegible para el beneficio.
El DHS, junto con la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, Corte de Inmigración), dieron el aviso de publicación de la nueva regla en el Registro Federal (diario oficial estadounidense).
“Esta regla propuesta enmendaría las normas del DHS y DOJ existentes y aclara que ambos Departamentos pueden considerar emergencias públicas basadas en problemas de salud en enfermedades transmisibles debido a posibles amenazas internacionales de propagación de pandemias cuando se determina que “existen motivos razonables”, señala el documento.
En estos casos, los extranjeros no serán elegibles para asilo “o la protección de retención de deportación” estipulado por la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) aprobada por el Congreso en 1965, indicó el anuncio.
Julio – Regla del tercer país
Dos cortes declararon ilegal una norma dictada por el gobierno que niega asilo a personas que hayan cruzado por un tercer país antes de llegar a Estados Unidos sin que antes hayan solicitado refugio primero en esa nación.
En julio un juez federal del Distrito de Columbia anuló la prohibición reglamentariaanunciada por el gobierno en 2019 en el marco de la política migratoria de tolerancia cero.
El juez de la Corte del Distrito de Columbia, Timothy J. Kelly, le dio la razón a las organizaciones defensoras de derechos de inmigrantes y solicitantes de asilo quienes argumentaron que la regla, conocida como ‘norma de tránsito de terceros países’ y que fue publicada conjuntamente por los departamentos de Justicia (DOJ) y de Seguridad Nacional (DHS), viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
Kelly destacó en el fallo que la INA permite, en general, que cualquier persona que haya llegado a suelo estadounidense solicite asilo, con algunas excepciones, incluso para aquellos con antecedentes penales.
La INA fue aprobada por el Congreso en 1965 y fue promulgada por el entonces presidente Lindon B. Johnson y recibió modificaciones en 1996, durante el gobierno de Bill Clinton.
Julio – Casos de violencia doméstica y pandillas
Un panel de jueces de un tribunal de apelaciones falló parcialmente en contra de una serie de modificaciones a la política de asilo ejecutadas por el gobierno entre 2017 y 2018 que elevaron los estándares para conseguir refugio en Estados Unidos (caso Grace v.Barr).
La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia dictaminó 2-1 que cambios hechos por el gobierno en esos años no cumplen con el requisito de toma de decisión razonada que establece la Ley de Procedimientos Administrativos (APA) y que el servicio de inmigración no los “justificó” ante el tribunal.
El tribunal también sentenció que el fiscal general (en ese entonces Jeff Sessions) y varias agencias federales, violaron la APA, entre ellas, por ejemplo, haber procedido a los cambios sin haber publicado previamente las modificaciones en el Registro Federal para tener en cuenta comentarios del público.
En agosto del 2018 la ACLU y la CGRS anunciaron la presentación de la demanda que desafió la eliminación de protecciones de asilo por parte del gobierno para inmigrantes que huyen de la violencia doméstica y la brutalidad de las pandillas.
Ambas entidades dijeron que tras los cambios “estaban bajo cuestionamiento” las nuevas políticas de deportación acelerada ordenadas en su momento por Sessions, que instruyen a los jueces de asilo a negar «en general» tales reclamos “y aplicar otras normas legales erróneas que sobrecargan particularmente a quienes huyen de la violencia doméstica y de pandillas”.
Junio – Deportaciones aceleradas y Habeas Corpus
Dos decisiones judiciales a favor de la política de deportaciones aceleradas del gobierno colocaron a miles de inmigrantes solicitantes de asilo en riesgo de detención y deportación sumaria a nivel nacional.
En uno de los dictámenes, un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia (DC) permitió al gobierno seguir adelante con el programa publicado en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) el 23 de julio del año pasado revocando un fallo emitido por una corte de distrito que en septiembre del año pasado detuvo la implementación de una nueva política que facilita las deportaciones aceleradas ( Expedited Removal) desde cualquier punto del país a cualquier inmigrante indocumentado que no pueda demostrar que lleva más de dos años en territorio estadounidense.
En otro dictamen, la Corte Suprema, en una decisión 7-2 a favor del gobierno de Donald Trump, la Corte Suprema decidió este jueves que los solicitantes de asilo con casos rechazados por falta de méritos y puestos en proceso de deportación expedita (acelerada) no pueden desafiar la decisión en las cortes.
El dictamen del Máximo Tribunal limita sustancialmente el papel que pueden desempeñar los tribunales en la revisión de las decisiones de deportación en ciertos casos bajo un proceso simplificado conocido como «expulsión acelerada» (Expedited Removal).
El caso fue desafiado por el inmigrante de Sri Lanka, Vijayakumar Thuraissigiam, un solicitante de asilo cuyo caso fue rechazado a pesar de haber señalado que pertenece al grupo étnico minoritario tamil.
La sentencia señala que el Hábeas Corpus es un mecanismo para impugnar la legalidad de una restricción física y asegurar la liberación de la persona. Pero que este recurso constitucional no se le extiende a una persona que esté reclamando un derecho a entrar o permanecer en el país y obtener una revisión administrativa que podría conducir a ese resultado.
Es decir, el Hábeas Corpus se extiende a situaciones de custodia de la persona y, en este caso, la persona no está pidiendo ser liberada, sino otra oportunidad para solicitar asilo. En este caso, el tribunal indica que la persona no pidió una liberación.
Junio – Permisos de trabajo
El gobierno publicó en el Registro Federal una regla que restringe los permisos de trabajo a los asilados mientras esperan la resolución de sus casos en las cortes de inmigración. Y también para renovar sus permisos de trabajo., una medida dirigida a empobrecerlos y dificultar sus procesos.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que eliminaba el plazo de 30 días para otorgar una autorización de empleo a un solicitante de asilo y también el plazo de 90 días estipulado para la renovación del permiso de trabajo a este grupo de inmigrantes.
“La situación sigue empeorando para los refugiados y asilados”, dice Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes en la Universidad de California, en San Diego. «No obstante que el gobierno declaró que eliminar el plazo para otorgar los permisos de trabajo es por razones de seguridad, los abogados opinamos que es una medida para castigar a los refugiados que son elegibles para trabajar», agregó.
Velásquez se pregunta: “¿Qué vamos a decirle ahora a nuestros clientes? Ella misma responde: «El gobierno actual está desmantelando los beneficios y derechos de los migrantes».
Junio – Cambios a las causas de asilo
Los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional proponen cambiar la interpretación de las causas de asilo, limitar y escrutar el poder de los jueces, acelerar los procesos y las deportaciones y limitar el acceso de los inmigrantes a los tribunales.
Los cambios, anunciados por los secretarios de ambos departamentos por medio de un comunicado de prensa a través de la red social Twitter, limitarán, entre otros procedimientos, el uso de la discrecionalidad de los jueces, acelerará los procesos y en algunos casos los solicitantes de asilo ni siquiera pondrán un pie en la corte.
“El plan viene disfrazado de apego a la Constitución”, advierte Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix (Arizona) y colabora frecuentemente con la redacción de Univision Noticias. “Pero cuando entre en vigor, no dará suficiente tiempo a las personas para que argumenten sus casos y con ello el gobierno pueda entonces terminar cuanto antes los procesos”.
.La propuesta también recomienda:
– Que los jueces de inmigración predeterminen solicitudes de asilo sin una audiencia si la petición no demuestra la elegibilidad ‘prima facie’ (a primera vista) para otorgar el beneficio.
– Explicar las solicitudes de asilo ‘frívolas’;
– Redefinir los términos “grupo social particular”, “opinión política”, «persecución», tres de las 5 causas de asilo vigentes;
– Aclarar los estándares para determinar la aquiescencia de un funcionario público u otra persona que actúe en calidad oficial bajo las regulaciones de CAT;
– Aumentar la carga de la prueba para la detección de umbral de retenciones y reclamos de protección CAT de «posibilidad significativa» a un estándar de «posibilidad razonable»;
– Aplicar restricciones al asilo y retención al hacer determinaciones de miedo creíbles;
– Aclarar el requisito de proteger cierta información contenida en las solicitudes de asilo.
Mayo – Cierre indefinido de la frontera
La frontera de Estados Unidos con México permanecerá cerrada a viajes no esenciales«hasta que esta administración esté convencida de que hacerlo es seguro», dijo en mayo el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Chad Wolf.
Con Canadá, en cambio permanecerá clausurada hasta el 21 de junio.
El funcionario agregó que «nuestros esfuerzos en los últimos meses para limitar los viajes no esenciales han tenido éxito y ahora no es el momento de cambiar de rumbo». Dijo además que el presidente Donald Trump «ha dejado en claro que debemos continuar manteniendo el comercio comercial legítimo mientras limitamos a aquellos que buscan ingresar a nuestro país con fines no esenciales».
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) condena el cierre y dice que la medida “no tiene nada que ver con frenar la propagación del covid-19”.
“El gobierno se niega a prestar atención a los consejos de expertos en salud pública para proteger a los inmigrantes, empleados del gobierno y al público en general de enfermedades y muertes, incluso liberando a las personas detenidas por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) y suspendiendo la aplicación de la ley de inmigración civil”, dijo Andrea Flores, subdirectora de política de inmigración de la ACLU.
Flores indicó además que “el presidente está empeñado en explotar una crisis de salud pública para lograr su objetivo de larga data de poner fin al asilo en la frontera”.
“Él también está duplicando el miedo a los inmigrantes, muchos de los cuales son trabajadores esenciales durante esta crisis”, precisó.
Marzo – Cuota para pedir asilo
La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración anuncia un aumento de tarifas en la totalidad de sus servicios.
La medida, anunciada en marzo fue publicada en julio en el Registro Federal y entrará en vigor el 3 de octubre.
Por primera vez el gobierno cobrará por las solicitudes de asilo una cuota de $50.
Marzo – Entrevista de miedo creíble
El 27 de marzo un grupo de familias detenidas en demandaron al gobierno federal para anular un acuerdo entre acuerdo entre la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) para recuperar los protocolos de larga data de las entrevistas de miedo creíble, un paso clave dentro del proceso de asilo.
La demanda tiene como objetivo restablecer el papel de USCIS en la realización de entrevistas basadas en el miedo razonable. También busca una orden judicial preliminar y permanente para detener por completo la interferencia de CBP con las evaluaciones de asilo.
Desde junio del 2019 el gobierno viene implementando una política para acelerar las entrevistas de miedo creíble con el propósito de acelerar las deportaciones.
Marzo – Derecho a fianza
La Corte de Apelaciones del 9º Circuito con sede en San Francisco (California) falla en contra de una política del gobierno que negaba fianzas a solicitantes de asilo y nunca alcanzó a entrar en vigor.
El tribunal dictaminó que los extranjeros que piden asilo tienen derecho a solicitar una audiencia de fianza si fueron detenidos, y demuestran temor creíble de persecución si son deportados a sus países de origen de los cuales huyeron para salvar sus vidas.
Indicaron que la política adoptada por el gobierno en abril del año pasado, de negar este beneficio garantizado por el debido proceso migratorio, viola la ley, por lo que decidió respaldar el fallo de una corte inferior que bloqueó la norma basada en la política de tolerancia cero.
Marzo – Esperar en México
Un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 9o Circuito dictaminó que si la Corte Suprema de Justicia no responde en una semana un pedido de revisión presentado por el gobierno, el programa que envía a México a solicitantes de asilo en Estados Unidos será suspendido en Arizona y California.
Pero el máximo tribunal dictaminó una semana después que el gobierno puede continuar enviando a México a solicitantes de asilo bajo el Programa de Protección del Migrante (MPP), mientras continua la batalla jurídica en las cortes inferiores.
Marzo – Plazo para presentar asilo
Miles de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos en busca de protección, tuvieron contacto con agentes del servicio de inmigración y no les informaron que solo tenían un año para presentar una solicitud de asilo, tendrán una nueva oportunidad.
Una corte de distrito de Seattle, Washington falló en una demanda colectiva presentada por grupos que defienden los derechos de los inmigrantes que argumentaron temor si son devueltos a sus países de origen.
Durante el proceso, el juez Ricardo S. Martínez descubrió que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rutinariamente no notifica la fecha límite para que un extranjero que busca la protección del gobierno presente una solicitud de asilo.
Febrero – Trato cruel
Un juez federal de Arizona concluyó que el trato dado por la Patrulla Fronteriza a los inmigrantes indocumentados detenidos en Tucson “trasgrede los límites” legales y “no satisface las necesidades humanas básicas”. Y ordenó a la agencia federal que revise sus protocolos a fin de mejorarlos.
El tribunal, presidido por el juez David C. Bury, determinó que las condiciones en las celdas de detención de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), especialmente aquellas que impiden dormir durante varias noches, son presuntamente “punitivas” y “violan la Constitución de Estados Unidos”.
Este artículo es un extracto del artículo original publicado por Univision .
