La violencia es todavía uno de los mayores problemas de México. La “guerra” en contra del narcotráfico por parte del gobierno federal parece ser inútil frente a la fuerza de los carteles mexicanos. El último ataque del crimen organizado en la pequeña ciudad de Irapuato en el estado de Guanajuato es una muestra: Un grupo de siete hombres entraron a un centro de rehabilitación no registrado y asesinaron a más de 24 personas.
Este hecho ocurrió el 1 de julio. Según reseñaron medios de comunicación, los sujetos entraron a las instalaciones del recinto y le pidieron a algunas mujeres que salieran. Subieron al segundo piso y les dijeron que se tiraran al suelo, para luego asesinarlos.
¿Quiénes son estos sujetos? Este incidente, de acuerdo a las autoridades, es responsabilidad de los cárteles.
Los sujetos aún no han sido identificados, la fiscalía informó que asignaron a un “equipo especializado” para investigar el ataque.
No es la primera vez que ocurre una situación similar en un centro de rehabilitación durante este 2020 en Irapuato. De acuerdo al diario mexicano El Universal, el 6 de junio fueron asesinados 10 personas en el anexo para drogadictos “Empezando Una Nueva Vida”.
Asimismo el 8 de febrero se perpetraron uno de los peores ataques.
Un grupo de 20 hombres a bordo de un convoy y con fusiles en mano, además de explosivos decidieron incendiar el centro de recuperación “Empezando una Nueva Vida de Esperanza”.
Obligaron a las personas que estaban adentro que salieran, es decir no se reportó ningún muerto.
En Guanajuato hay una lucha territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y un cártel local llamado Santa Rosa de Lima y los ataques son advertencias para el otro.
Debido a estos hechos el estado se ha convertido en el estado más peligroso de toda la república mexicana.
Dicho esto el gobernador de la entidad, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, no duda que el último ataque haya sido responsabilidad de alguna de estas bandas criminales.
Incluso, en el país gran parte de los centro de rehabilitaciones se gestionan de forma privada y no cuentan con suficientes recursos del gobierno federal, según cita Los Ángeles Times.
Los centros de rehabilitación son blancos de ataques porque algunos adictos o exconvictos se refugian en estos recintos.
Además estos carteles han sido acusados de reclutar a la fuerza a adictos en recuperación para que colaboren con la distribución de drogas (el principal negocio de los cárteles).
En un reportaje publicado por Animal Político, Nicolás Pérez Ponce, presidente de la asociación de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), aseguró que en el 2019 se comunicaron con el gobernador de Guanajuato con la finalidad de alertarlo sobre los riesgos y vulnerabilidades de los centros.
Sin embargo, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo los ignoró. “Le dijimos que tan solo en Irapuato hay más de 200 centros irregulares, y que conocemos varios ubicados donde hay hechos ilegales. Que era necesario verificarlos o cerrarlos. Pero nunca nos ha recibido, nos manda con el asesor que a su vez nos dice que denunciemos en la Fiscalía, no con ellos”, confesó.
Sobre este el último hecho, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), mencionó que no abandonaría al “pueblo de Guanajuato” y condenó el ataque. Afirmó que se investigaría si hay una relación “delictuosa” entre autoridades y delincuencia.
AMLO se preguntó, en la edición de su acostumbrada “mañanera” de 2 de julio, si “¿En Guanajuato hay una pelea de cárteles?” y respondió “Sí hay una confrontación de bandas y son agresiones entre ellos en la mayoría de los casos, pero nosotros no queremos que nadie pierda la vida”.
Según medios locales, las víctimas del último ataque la mayoría eran jóvenes (entre 20 a 35 años).
Hasta el momento no se ha dado a conocer mayores datos sobre los muertos.
Incluso hay teorías que entre los perjudicados había dos adolescentes de 14 años, y las familias no han recibido apoyo por parte de los entes gubernamentales.
Las autoridades locales apuntan que la mayoría de estos centros funcionan de manera ilegal.
Por tanto “presumen” que algunas de las víctimas tenían nexo con las bandas criminales.
Sin embargo, algunos reportes apuntan que eran jóvenes de escasos recursos que sí querían salir de las drogas.
El ataque de Guanajuato deja entrever las fracturas de la administración de AMLO para luchar contra el crimen organizado y las drogas. El 2019 fue uno de los años más violentos de la historia moderna de México. Se cometieron un total de 34, 743 crímenes.
Esto significó un promedio de casi 95 muertes violentas al día.
El conocido analista mexicano, Alejandro Hope, destacó que si se continúa este ritmo el gobierno de AMLO superará (en número de muertes) a las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, respectivamente.
No obstante, el estado de Guanajuato juega un papel importante para el traspaso de drogas desde México hacia Estados Unidos y cabe resaltar que en los últimos años los niveles de adicciones han aumentado.
Se estima que en todo este estado hay alrededor de 70 mil adictos a sustancias prohibidas. Una de las estupefacientes más populares es el cristal.
Cuando llegó a la presidencia AMLO decidió cambiar la estrategia de sus antecesores sobre la lucha en contra el narcotráfico. En febrero de 2019, se dirigió a la nación para anunciar que la conocida “guerra” entre el crimen organizado y el gobierno había terminado.
En cambio, creó organismos como la “Guardia Nacional” compuesto por los policías navales y militares, pero pese al entusiasmo del presidente esta nueva dependencia no ha cumplido su objetivo principal.
El año pasado las autoridades desplegaron más de 75 mil efectivos por toda la nación, pero esto no fue suficiente para frenar los índices de violencia, más bien se intensificaron.
Una muestra clara fue la “liberación” del hijo del Chapo Guzmán, Ovidio. Los Guardias Nacionales no pudieron frenar la “masacre” que se presentó después de la captura del hijo del famoso narcotraficante.
Dichos acontecimientos, llevaron a AMLO a admitir que la seguridad pública “es una asignatura pendiente” de su gobierno.
Las fallas de este órgano de seguridad también se evidenciaron por las denuncias de maltrato hacia los migrantes centroamericanos que intentaban ingresar a Estados Unidos.
Desde Amnistía Internacional enviaron un comunicado al Presidente sobre esto. Erika Guevara Rosas, directora de las Américas de dicha organización, recalcó en el documento que:
“Es preocupante escuchar del presidente López Obrador discursos de menosprecio al rol de las personas defensoras de derechos humanos, o ver como la Guardia Nacional es utilizada para impedir el paso de migrantes y refugiados, o que continúe con fallidas estrategias militarizadas de seguridad pública de administraciones pasadas ante la oleada de homicidios y feminicidios”.
Por otro lado, WOLA (Incidencia a favor de los derechos humanos en las Américas) sentenció que al cumplirse un año de que se promulgó la Ley de Guardia Nacional no hay ningún logró que esta institución pueda destacar.
En el artículo mencionan que marzo y abril fueron uno de los meses más violentos de 2020 (registrándose 83 homicidios al día), lo que demuestra una falta de acción por parte de los entes competentes.
