Desde el inicio de la campaña presidencial, Trump prometió disminuir el número de refugiados y es un hecho que está cumpliendo a cabalidad.
Los números confirman que las cantidades de asilos aprobados ha disminuido drásticamente. En el último año fiscal de Obama su administración admitió 85.000 refugiados, según Los Angeles Times, en un reportaje del 3 de mayo de 2019.
Mientras que en el 2018 el gobierno de Donald Trump admitió tan solo 22.500. Este año fiscal finaliza en octubre y funcionarios confirmaron que el número máximo será de 30.000 admisiones. Aunque en mayo esta cifra todavía no alcanzaba la mitad y LAT informa que habían aceptado apenas 12.000 refugiados.
Para el 2020 el panorama no es alentador. En agosto de 2019, el director interino de USCIS, Ken Cuccinelli dijo que la cifra de asilos continuará bajando y la primera razón es la cantidad de solicitudes acumuladas.
En una entrevista dada a la cadena CNN, el 2 de agosto, Cuccinelli aseguró que “Me gustaría vernos tener un número lo suficientemente bajo como para que podamos manejar las solicitudes de asilo”.
Estas declaraciones encendieron las alarmas y el temor de las personas que esperan refugiarse en EEUU aumenta. En el año en curso, el gobierno sugirió reducir el número a cero para la temporada siguiente. Esta propuesta fue planteada el 19 de julio, en conjunto con funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, Departamento de Defensa y otras agencias presentes.
En un comunicado publicado en el mes de julio, Krish O’Mara Vignarajah, el director ejecutivo del Servicio de Inmigración y Refugiados Lutheran, afirma que es “horroroso” como el Presidente está destruyendo un legado de bienvenida que lleva décadas construyéndose.
Con respecto a la disminución de asilo, Cuccinelli sentencia que ellos no han dejado de proporcionarle ayuda a otros países y que es “lo mismo” que ofrecer refugio o asilo. Asevero a CNN que forma parte de la misma “canasta” y que Estados Unidos no ha dejado de contribuir a estas situaciones.
“Mi enfoque en este momento es tratar de manejar la crisis en la frontera para nosotros y evitar que los retrasos en el asilo crezcan”, sostuvo el funcionario.
Por supuesto, el límite de refugiados varía según el estado y la agencia, los números no son alentadores, pero el Departamento de Estado espera que a partir del 1 de octubre, Trump establezca una política definitiva sobre esta situación.
Quienes se han visto más afectados por estas medidas son los migrantes centroamericanos provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador al igual que los mexicanos.
Un gran porcentaje se ha desplazado a Estados Unidos en las conocidas caravanas. La motivación principal de estas personas es huir de los altos índices de violencia, además de escapar de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha.
El 15 de julio los Departamentos de Seguridad Nacional y Justicia establecieron que los migrantes debían pedir asilo en el primer país “seguro” que pisen, es decir, la mayoría de ellos pasan por México. Este hecho afecta –seriamente- el deseo de esta población de encontrar un refugio seguro en EEUU.
En el caso de los hondureños y salvadoreños, la única condición que existe es que le hayan negado la solicitud de asilo en México o Guatemala, entonces de esa forma sí lo pueden solicitar en la nación norteamericana.
La nueva regla entró en vigencia al día siguiente del anuncio, comenzó en el valle de Río Grande en Texas, sin embargo, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, desafió esta ley en una corte de San Francisco, según indica New York Times el 24 de julio.
“El tribunal reconoció, al igual que lo hizo con la primera prohibición de asilo, que el gobierno de Trump intenta acabar las protecciones de asilo promulgadas por el congreso”, dijo a NYT, Lee Gelernt, abogado de la ACLU.
Activistas consideran que estas medidas son “inhumanas” y se alejan de las políticas aplicadas por las administraciones anteriores tanto de demócratas como republicanos. Charanya Krishnaswami, quien forma parte de la directiva de Amnistía Internacional, asevera que no tiene sentido obligar a estas personas a pedir asilo en otros países que son igual de peligrosos, cita el NYT.
“Todas las personas que buscan protección tienen el derecho a recibir un trato humano y un proceso de asilo justo en los Estados Unidos y el derecho internacional”, comenta Krishnaswami.
La unión de los activistas y organizaciones que trabajan por los derechos de los migrantes dio fruto en agosto. El día 3 de ese mes, de acuerdo a ABC News, un juez de Washington dictaminó que esta medida era un “exceso” de autoridad y contradice las leyes de inmigración de los Estados Unidos. Lo que significa que bloqueó este decreto.
Las limitaciones de refugios no solo son para los centroamericanos, sino que también se extiende a otras nacionalidades como aquellos que provienen de países musulmanes.
En octubre de 2017, Trump prohibió la entrada de ciudadanos provenientes de 11 naciones, entre ellos Somalia, Egipto, Sudán, Irak, Irán, Siria y Yemen. En ese momento aseguraron que era una medida “temporal” para estudiar la situación.
No obstante, Los Ángeles Times narra, el 3 de mayo de 2019, que después de la demanda de varias organizaciones incluyendo Proyecto de Asistencia Internacional para Refugiados, esta medida quedó derogada por un juez y confirmada por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito.
Aun así, esto no ha frenado al gobierno. Hasta mayo de los 12.000 refugiados admitidos, tan solo 5 %, es decir 602 personas, provienen de los países que intentaron bloquear.
Pese a los múltiples intentos de la justicia y organizaciones de contrarrestar las medidas de Trump, todo indica que el número de asilos continuará bajando.
Mike Pompeo, secretario de Estado, admitió que la política actual se centrará en migrantes que se encuentren dentro del país.
El gobierno de Estados Unidos continúa enfocándose en disminuir la migración ilegal y como resultado de estas políticas, el 20 de septiembre firmó un acuerdo bilateral con El Salvador en relación a este tema.
Este pacto podría permitirles a las autoridades estadounidense rechazar solicitudes de asilo y enviar a estas personas al país Centroamericano, el cual es conocido por ser parte del “triángulo del norte” en conjunto a Guatemala y Honduras por sus altos índices de criminalidad.
La noticia del acuerdo fue reportada por Associated Press e informaron que Kevin McAleenan, secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, se encargó de viajar hasta El Salvador para sellar el trato con la Ministra de Exteriores, Alexandra Hill Tinoco.
Ambos funcionarios expresaron que se trata de una “cooperación de asilo” y aseguraron que no es un acuerdo de “tercer país seguro”, debido a que es difícil considerar El Salvador como un país seguro.
Sin embargo, tal como apunta Washington Post este pacto podría acercarse a lo que desea el gobierno de Estados Unidos: frenar el flujo de migrantes, esto debido a la gran cantidad de demanda que han inundado los tribunales de Estados Unidos con reclamos humanitarios.
Como parte del plan EEUU ayudará a El Salvador y otras naciones a ejecutar un plan de asilo eficaz y también a otros países de la región. Financiarán esta estrategia por medio de las agencias de refugiados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
Por otro lado, McAleenan firmó un acuerdo parecido con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, en agosto. Hasta el momento este no se ha comenzado a implementar. Otros países como México y Panamá se negaron a firmar terceros acuerdos con Estados Unidos.
En este sentido, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, uno de los líderes más populares de América Latina, afirmó en un artículo, en julio, para Washington Post que está trabajando para construir un país seguro. “Desarrollar un El Salvador seguro es un primer paso para poner fin al éxodo de salvadoreños a los Estados Unidos”, exclamó.